Desde DOT llevamos tiempo predicando por un lado sobre las bondades de la innovación centrada en usuarios (user-driven innovation) como fuente de información y acción. Por otro lado, hemos explorado el rol predominante de la empresa privada en la financiación y la vanguardia de la innovación.

Pues bien, últimamente, y gracias a nuestra relación con agentes como las Diputaciones Forales (en proyectos como LABe Digital Gastronomy Lab) o ayuntamientos ( con la plataforma de innovación social y salud urbana CityShakers con JCDecaux, Ashoka y el Ajuntament de Barcelona) y las Agencias de Desarrollo Rural (como la ADR Enkarterrialde para nuestra plataforma de innovación agro-alimentaria Enkarterrialde Open Lab) nuestra perspectiva del rol público como generador de visión territorial, accionador de inversión y creador de mercados ha cambiado mucho.

Además la dichosa etapa de la COVID-19 ha dejado a la luz el rol esencial del Estado en la movilización de personas, negocios y recursos en la búsqueda del bienestar social. Por supuesto que las redes descentralizadas ciudadanas de diversa índole (por ejemplo la plataforma ciudadana Frena La Curva e iniciativas privadas han surgido con fuerza, pero a pesar de su poder transformador la gran mayoría de iniciativas tienen dificultades a la hora de ser accesibles a la ciudadanía y de salvaguardar un objetivo comunitario.

Quizás siempre lo habíamos intuido pero ahora tenemos claro el rol primordial que las administraciones públicas deberían tener en la creación de desarrollo económico y social futuro.

En los retos a los que nos enfrentamos hoy en día (lucha contra el cambio climático, ciudades inteligentes, medicina avanzada, control de datos y privacidad digital, soledad y envejecimiento, industria 4.0. etc.) las administraciones públicas tienen un rol clave en forjar la demanda en necesidades emergentes, crear el mercado, disminuir los riesgos y generar incentivos, catalizar conocimiento, incentivar ‘misiones’ a escala de territorio y asegurar la atracción de talento.